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16 de enero de 2012
El Vocero
De aprobarse el Proyecto del Senado 2281, que entre otras cosas exigirá una aportación de un centavo por libra de carne de pollo a elaboradores e importadores, y sus productos derivados producidos o importados a Puerto Rico, el bolsillo de los consumidores sentiría otro nuevo impacto económico. Dicha pieza legislativa también busca fijar precios mínimos de venta y establecer una ‘fórmula de estabilización de precio’, la cual se evaluará anualmente. La ‘fórmula de estabilización de precio’ será establecida y utilizada por la Oficina de Estabilización del Sector de Producción, Elaboración e Importación de Carne de Pollo y sus Productos Derivados de Puerto Rico, que se creará para fijar los precios mínimos para la venta de carne de pollo y sus derivados. Esto se hará tomando en consideración los costos de producción de cada uno de los componentes en la cadena de producción y distribución, hasta su destino final a nivel del consumidor. Para fijar el precio mínimo tomarán en consideración los parámetros de precios publicados por el Departamento de Agricultura federal y su agencia Agricultural Marketing Services. La fórmula deberá contemplar los márgenes de ganancia razonables para el negocio de forma equitativa y de acuerdo al riesgo y nivel de inversión en cada uno de los componentes de la industria, según el proyecto. La mencionada oficina igualmente impondría penalidades al que viole los parámetros. El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Luis Rivera Marín, dijo que cuando surge un aumento es harto conocido el efecto cascada a lo largo de la cadena de producción en el precio final que paga el consumidor. Según data previa de aumentos en el café, la leche o el azúcar, entre un centavo a cuatro centavos de aumento, han repercutido en un alza de hasta 25 centavos en un pocillo de café en algunos comercios. En el caso de la carne de pollo, componente esencial en la dieta de los puertorriqueños, ese centavo de aumento por libra, al igual que la imposición de un precio fijo de ventas y una fórmula que se rige por el comportamiento de la economía, el alza se puede traducir en más de un 10% del precio actual, según sostienen comerciantes. Los fondos de este impuesto -que se estima podría generar unos $4 millones- se utilizarían para implementar un programa de fiscalización, otro programa de promoción, y un fondo de emergencia en caso de que aumente el precio de los granos. Esta injerencia, para la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), podría representar la búsqueda de productos sustitutos y la reducción en la venta del producto local. El economista José J. Villamil explicó que el problema de la medida va más allá del alza en precio al consumidor, sino una mayor reglamentación por parte del Gobierno, lo que entiende no debe ser. "La intención de proteger productos locales es contraproducente. A nivel de ventas al detal, si se desreglamenta el precio, aumenta la competencia y con ello el precio tiende a caer. El problema no es tanto el aumento, sino las implicaciones del Gobierno intervenir en otro mercado en vez de dejar que corra solo. El control de precio en industrias como el azúcar, el café, y la leche no ha demostrado haber tenido resultados positivos. La medida, presentada por el senador Luis Berdiel, presidente de la Comisión Senatorial de Agricultura, faculta al Secretario de Agricultura a nombrar -previo al consentimiento del Gobernador- un administrador para el Fondo de Estabilización. Dicho funcionario, cuyo nombramiento tendría seis años de vigencia, podrá ser destituido por el Secretario con el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Junta y con la aprobación del Gobernador. Mientras, la Junta Administrativa -que administrará el Fondo-, estará compuesta por tres representantes de los productores que estén bajo contrato de crianza de pollos parrilleros; 15 representantes de cada elaborador hasta un máximo de dos representantes por elaborador y un representante de los importadores. El término de vigencia de cada director en representación de su respectivo grupo en la Junta será de tres años calendario. ‘Aleteos’ de la industria local Debido a condiciones adversas, causadas principalmente por la inestabilidad de precios creada por la importación de pollo por debajo de su costo de producción, las operaciones de Productos Avícolas del Sur, Inc., que mercadeaba el pollo fresco bajo la marca Canto Alegre y PICú, tuvieron que cerrar operaciones en el año 2008, y aunque reabrieron el año pasado bajo Productos Avícolas del Caribe (PAC), nuevamente se vieron forzados a cerrar a mediados del 2011 a pesar de que el Gobierno le otorgó más de $20 millones en ayudas entre el 2007 y 2010. Según datos de Agricultura, la procesadoras Picú bajo diversas gerencias, ha recibido un total de $80 millones en ayudas del gobierno desde 1991. En diciembre del 2008, Pilgrim’s Pride Corporation, corporación matriz de To-Ricos, Ltd., empresa dedicada a la producción y elaboración de pollo fresco del país en Puerto Rico por casi 60 años, radicó una petición para acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebra, en la Corte de Quiebra del Tribunal de Distrito Federal del estado de Texas, en donde incluyó a su subsidiaria empresas To-Ricos, Ltd. Esta situación causó el despido de sobre 1,200 empleados del sector de pollo parrillero y ha afectado la estabilidad de otros 4,000 empleos indirectos; además de mantener desempleados a más de un centenar de avicultores del área sur central de Puerto Rico, y con la incertidumbre de poder continuar trabajando, a otros avicultores que están bajo contrato con la Empresas To-Ricos, Ltd. Por el momento, el mercado local de pollos es suplido por la empresa To-Ricos y las demás marcas importadas. En 1995 la industrial local acaparaba 55% del mercado y actualmente apenas suple menos del 15%. Datos más recientes de Agricultura indican que el total de consumo de carne de pollo en la Isla es de 367.3 millones de libras anuales, lo que representan unos $400 millones. La Industria Avícola puertorriqueña, y en específico el sector de producción de pollos parrilleros, en condiciones normales genera más de 5,000 empleos directos e indirectos y crea un movimiento económico que genera ventas de más de $120 millones anualmente, siendo el segundo sector de mayor importancia en la económica agrícola.En Puerto Rico se consumen sobre 95 libras de pollo por habitante por año. Hoy en día, existen aproximadamente 185 avicultores, cuyos activos de producción sobrepasan los cien $100 millones y que arrastran a su vez deudas de más de $40 millones. En estos momentos, la situación de estos avicultores es precaria, ya que en su gran mayoría al no estar produciendo no genera ingresos para poder cubrir sus obligaciones de pago con sus respectivos acreedores hipotecarios. Cerradas las operaciones de Productos Avícolas del Caribe, Inc., la proyección para el año fiscal 2011 fue de producir menos 50 millones de libras de carne de pollo fresco local, ya que tan sólo estaría operando To-Ricos, Ltd. con una producción limitada. Esta dramática reducción puede representar una merma de aproximadamente un 60 por ciento en la producción local, en comparación con el año 2007. Por ello, si utilizamos como base el consumo del año fiscal 2007, la producción de pollo fresco local habría sido de aproximadamente un 13 por ciento para el año 2011, lo cual obliga al consumidor puertorriqueño a comprar pollo importado.
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