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| Por el libro |
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28 de diciembre de 2011
El Nuevo Dia
HUMACAO - Si es uno de los 850,000 residentes de la Isla que tienen un teléfono celular prepagado, sepa que desde finales de enero de 2012 deberá registrar su unidad móvil con su compañía proveedora de servicio y suministrarle información personal que ayude a localizarlo en caso de ser requerido por la Policía. La regulación surge a petición de la Uniformada para intentar detener los miles de casos de extorsión e intrusión a la tranquilidad personal que se cometen anualmente desde las cárceles del país con esos celulares. "Esta medida nos permitirá prevenir, considerablemente, que los teléfonos prepagados continúen siendo utilizados por delincuentes, de manera impune, para cometer delitos y extorsionar a ciudadanos, haciéndoles creer que le han secuestrado un familiar para robarle dinero", sostuvo el gobernador Luis Fortuño al firmar el proyecto que crea el registro de números de teléfono de celulares prepagados. Según detalló la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres, cuando se compre una unidad móvil o se vaya a recargar el sistema el negocio que le venda el producto o la compañía de celular que le vaya a brindar el servicio deberá requerir una identificación con foto, la dirección física y postal, así como un número de teléfono alterno para contactarlo en caso de ser necesario. "La información del registro a crearse estará únicamente disponible a las agencias de orden público que así lo soliciten, en caso de que realicen una investigación sobre la comisión de un delito. La Junta someterá la información sin costo alguno y a la presentación de una querella policiaca o una orden emitida por un tribunal con jurisdicción en Puerto Rico", detalla la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 1956. En caso de que se tenga certeza de que desde una unidad móvil se cometió un delito "podemos desconectar inmediatamente" el servicio, explicó la presidenta de la JRT, que estará a cargo del registro. Asimismo, Torres detalló que aunque la Junta tiene 90 días para crear un reglamento para aplicar la ley e imponer multas, las compañías de celulares y negocios que vendan este tipo de unidad prepagada deben comenzar a solicitar la información e enviarla a la JRT desde finales de enero próximo, cuando el estatuto entra en vigor. De hecho, la funcionaria aceptó que ya las compañías de celulares han comenzado a cambiar las máquinas de venta de tarjetas prepagadas para requerir la introducción de una tarjeta de identificación y la información requerida por ley al momento de comprar minutos. Estas medidas se deben en parte a que las compañías de celulares podrían recibir multas de hasta $25,000 por no cumplir con la nueva ley. Antes de aprobarse esta regulación, las personas que adquirían una unidad móvil podían dar cualquier nombre y no era necesario ofrecer su dirección. Torres señaló que la falta de información solo permitía a la Policía identificar dónde se compró el teléfono con el que se originó la llamada de extorsión, pero no quién era el responsable.
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