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| Por el libro |
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15 de diciembre de 2011
Noticel
Mientras que Hacienda ha rehusado contestar qué harán con la sentencia que les obliga a devolver unos $200 millones a conductores que pagaron el seguro compulsorio a pesar de que tenían uno privado, el abogado de los demandantes pronostica que establecer un procedimiento de reembolso tardaría al menos un año. El licenciado Antonio Amadeo Murga, explicó a NotiCel que la sentencia del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, que ordena que el Departamento de Hacienda devuelva cerca de $100 millones del seguro compulsorio de $99 que se alega retuvo y utilizó para cuadrar el presupuesto del Gobierno, "no es final". Por lo tanto, el Gobierno puede someter una moción de reconsideración a dicho cuerpo judicial o recurrir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En ese caso pudieran solicitar al Primer Circuito de Apelaciones de Boston la paralización de la sentencia hasta que el Tribunal Supremo resuelva la controversia. Ante esto puntualizó que los demandantes tendrán que "esperar 30 días para ver si el Gobierno pide que se devuelva el caso o se implemente el remedio". Además, Amadeo Murga está buscando que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston elimine el requisito de que el conductor tenga que radicar una reclamación individual para poder tener acceso a dicho reembolso una vez el Gobierno les notifica que tienen dichos fondos acumulados. Debido a que todavía quedan varios asuntos pendientes, Amadeo Murga precisó que el caso va a tardar al menos entre uno a tres años antes de que se resuelva. A su entender existe la posibilidad de que el Gobierno recurra a darles un crédito a los conductores. Al mismo tiempo existe por lo menos dos caso más pendiente relacionados al seguro compulsorio. De acuerdo al licenciado, el Gobierno les adeuda a los conductores de la Isla cerca de $200 millones por dinero cobrado y no reembolsado relacionado al seguro compulsorio. De estos $160 millones, era de la deuda por el principal desde el 1998, pero Amadeo Murga apuntó que en el estimado no se incluyeron los años 2009, 2010 y 2011. Asimismo, deben al menos $32 millones por los intereses acumulados en 10 años, que el Gobierno ha incumplido en el pago, pese a la orden del juez federal Gustavo Gelpí, abundó. Más aún, Amadeo Murga estimó que en Puerto Rico hay unos dos millones de automóviles. De estos se estima que el 15 por ciento de los automóviles están asegurado por una póliza privada, que son unos 300 mil. Y de estos a un 30 por ciento de los conductores no se les reembolsó el dinero producto por el pago del seguro compulsorio a cuál tenían derecho. "Estamos hablando como $10 millones al año (el Gobierno debió devolver)", determinó. Sobre las fallas del Gobierno en establecer un mecanismo para informar a los conductores que tenían derecho a un reembolso, Amadeo Murga opinó que "ellos no han hecho nada hasta que los obliguen". Por lo pronto, una de las propuestas para resolver esta controversia es que "cuando un conductor vaya a comprar una póliza, el broker le diga enséñame la licencia del vehículo y le deduzca automáticamente los $99 del seguro compulsorio". No obstante, señaló que por conveniencia las compañías de seguro no han querido establecer dicho protocolo. Y que a su vez el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, Ramón Cruz Colón, tampoco ha obligado a las aseguradoras a establecer dicho procedimiento. Por otra parte, aunque el gobernador Luis Fortuño aseguró a NotiCel que cumpliría con la determinación del tribunal federal en el caso de la demanda por retención y utilización indebida de los fondos del seguro compulsorio por parte del Gobierno, sigue la sombra sobre los procedimientos gubernamentales relacionados a dichos desembolsos. En aras de aclarar la controversia, NotiCel intentó sin éxito que el secretario del Departamento de Hacienda, Jesús Méndez, ofreciera una reacción sobre la determinación del Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston. La agencia no estuvo disponible para brindar información sobre si cumpliría con la orden del Tribunal de devolver el dinero a los perjudicados y establecer un nuevo procedimiento para avisar a los conductores que tienen un seguro privado, que ellos tienen derecho a la devolución de dichos fondos. La falta de respuesta del Departamento de Hacienda pone entredicho si existe una verdadera intención del Gobierno de corregir dichos señalamientos del tribunal federal.
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