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  Por el libro
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26 de octubre de 2011

Noticel

La compañía de computación Oracle, que tiene decenas de millones en contratos con el Gobierno de Puerto Rico, acordó pagar $199.5 millones al gobierno federal por defraudar a la Administración Federal de Servicios Generales (GSA) en la configuración del contrato de compra de servicios que se aplica a las agencias federales.

Según anunció el Departamento de Justicia federal, el acuerdo cubre a Oracle Corp. y Oracle America Inc. y es la transacción más grande generada bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.

En la Isla, la compañía hace negocios a través de la filial Oracle Caribbean, tiene como firma de cabilderos al bufete McConnell Valdés y, en los últimos 10 años, han tenido al menos $144.7 millones en contratos públicos con distintas administraciones.

Según el esquema de GSA que delató un exempleado de Oracle, en 1998 la empresa entró en un acuerdo para vender licencias de programas de computadora y apoyo técnico a entidades gubernamentales a través del programa de GSA que permite que un suplidor venda a múltiples agencias del gobierno con un solo contrato. Un esquema similar es el que se usa en Puerto Rico para manejar las compras a través de la Administración de Servicios Generales (ASG).

Como condición a entrar al programa de GSA, los suplidores tienen que divulgar sus prácticas y tarifas comerciales y tienen que obligarse a cumplir con lo que ofrecen en ese contrato único. La reclamación de Justicia federal vino porque, durante la vigencia de ese contrato, Oracle sometió a GSA información falsa, específicamente, información de cuáles eran los descuentos que ellos ofrecían a los clientes privados. Se supone que un suplidor como Oracle le ofrezca al gobierno un descuento similar o mayor, pero no menor, al que ofrecen a los clientes privados.

"Por las transacciones alegadamente fraudulentas, los Estados Unidos alega que aceptó descuentos menores, y eventualmente pagó más por los productos de Oracle de lo que se supone que pagara", indicó Justicia federal en una declaración escrita. "No vamos a permitir que los suplidores vicitimicen a los contribuyentes mediante esconder sus mejores precios", comentó el Inspector General de GSA, General Brian Miller.

Como parte de la ley que protege a los delatores, el exempleado de Oracle, Paul Frascella, recibirá $40 millones por la información que proveyó para armar el caso.