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| Por el libro |
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18 de octubre de 2011
El Nuevo Herald
Tallahassee -- A pesar de la batalla de la Florida con el fraude al Medicare, el fraude hipotecario y los analgésicos por receta, la prioridad legislativa de la procurador de Justicia estatal es el fraude en el sector de propiedades de tiempo compartido. La procuradora Pam Bondi afirma es la principal queja que su despacho ha recibido de los consumidores en los últimos dos años. Con más de 19,000 quejas desde el 2009, loa venta de propiedades de tiempo compartido supera a las cuatro categorías siguientes combinadas. Para atacar el problema, Bondi se reunió este mes con dos legisladores republicanos para que patrocinen una ley. Al mismo tiempo, uno de los principales donantes al Partido Republicano durante el tercer trimestre es la American Resort Development Association (ARDA), un grupo del sector con sede en Washington que este año ha duplicado sus donaciones: este año ha entregado $281,787, en comparación con $135,000 en los primeros tres trimestres del 2010. El grupo ha declarado explícitamente que su prioridad legislativa este año es que se apruebe la ley. "Se ha convertido en nuestro tema principal", dijo Jason Gamel, vicepresidente de Asuntos del Gobierno de la oficina de la ARDA en la Florida. "Fue agradable ver que la procuradora general estudió la situación y trata de controlar la situación". Mientras los grupos de propiedades de tiempo compartido han apoyado el plan de Biondi, los críticos cuestionan el papel de los fondos de campaña en las prioridades de la Procuraduría General de la Florida. Barry Ritholtz, presidente ejecutivo de la firma de investigación de inversiones Fusion IQ y autor de Bailout Nation, dijo que le ha seguido la pista a la contribuciones de campaña a Biondi para determinar por qué presta más atención al fraude en las propiedades de tiempo compartido que en otros temas del consumidor más importantes. "Si ella piensa que el fraude en las propiedades de tiempo compartido es donde debemos concentrar la atención, eso es un mal reflejo del pueblo de la Florida", dijo. Pero el fraude en las propiedades de tiempo compartido sí ha aumentado durante los últimos tres años, en que un número cada vez mayor de compañías promete vender la propiedad —a cambio de un pago elevado antes de cerrar la operación— para entonces no cumplir, afirman funcionarios policiales. La Florida tiene la mayor cantidad de propiedades de tiempo compartido del país, con más de 400 resorts y aproximadamente $2,200 millones en ventas anuales, según información de la ARDA. Los que compran una propiedad de tiempo compartido adquieren el derecho de usar la propiedad, generalmente un apartamento, durante cierto tiempo del año, por lo general una semana. Esas participaciones se pueden intercambiar o vender, pero dada la situación económica y del sector de bienes raíces, la mayoría de los propietarios prefieren vender. Autoridades policiales afirman que los delincuentes han aprovechado la situación con planes de estafa, en lo fundamental llamadas telefónica que exigen pagos antes de concretar la transacción. El proyecto de ley, patrocinado por Andy Gardiner, líder de la mayoría republicana en el Senado estatal, y el Eric Eisnaugle, los dos de Orlando, donde hay numerosas propiedades de tiempo compartido, prohíbe a los anuciantes decir sin fundamento que tienen un comprador esperando y los obliga a firmar un acuerdo por escrito antes de cobrar el pago. La ley también permite a los propietarios cancelar contratos en los 7 días siguientes a la firma y recuperar todo su dinero.
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