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  Por el libro
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27 de septiembre de 2021

EFE

El incremento global del precio del gas ha provocado una crisis especialmente profunda en el mercado del Reino Unido, donde las eléctricas no pueden trasladar a los consumidores toda la subida de los precios mayoristas y decenas de compañías afrontan la amenaza de una quiebra este invierno.

Nueve firmas han colapsado desde que empezó el año, un periodo en el que el gas se ha encarecido un 250 %. Algunas de ellas eran modestas distribuidoras con apenas unos pocos miles de clientes, pero en total 1,9 millones de consumidores han visto como su compañía energética dejaba de operar desde enero.

El sector, en el que se mantienen unos 40 operadores domésticos activos, exige al Gobierno medidas de emergencia y un plan para continuar dando servicio a los clientes que se queden sin eléctrica, muchos de los cuales se acogen a tarifas que no serán rentables para las empresas.

¿CUÁL ES EL LIMITE DEL PRECIO DE LA ENERGÍA?

El Gobierno conservador de la ex primera ministra Theresa May introdujo en 2019 un techo máximo en el precio que se puede cobrar por la energía en la tarifa estándar.

El regulador público del sector (Ofgem) estipula dos veces al año (abril y octubre) ese límite máximo, que esta temporada de otoño-invierno se situará en 1.277 libras anuales (1.495 euros), un 22 % más respecto año pasado, pero lejos del incremento de los costes mayoristas.

Tradicionalmente, las eléctricas ofrecían contratos más económicos que la tarifa estándar a sus clientes, pero la crisis del gas ha hecho que las asociaciones de consumidores británicas recomienden contemplar la posibilidad de acogerse a la tarifa general, con un precio limitado.

A pesar de la presión del sector, el Gobierno asegura que no tiene planes para ampliar el techo de gasto. La industria ha advertido de que bajo esas condiciones solo una decena de eléctricas podrían quedar en pie a final de año.

¿PUEDE EL GOBIERNO RESCATAR A LAS ELÉCTRICAS?

El Ejecutivo conservador ha asegurado que no rescatará a las empresas fallidas. "No se puede esperar que los contribuyentes se hagan responsables de compañías con pobres modelos de negocio y que no tienen resistencia ante fluctuaciones del precio", ha afirmado esta semana el ministro de Empresas y Energía, Kwasi Kwarteng.

El ministro considera que se trata de un escenario normal en un mercado altamente competitivo y ha recalcado que es esperable que más compañías dejen de operar en los próximos meses.

Con todo, el secretario de Estado de Empresas, Paul Scully, ha ido algo más allá y ha avanzado que el Ejecutivo ha comenzado a trabajar en posibles soluciones para lidiar con el "peor escenario", si éste llega a producirse.

Cuestionado sobre cuándo se activarían esos planes de contingencia, Scully dijo que la luz roja se encenderá si la crisis "se alarga más allá de un pico corto" en la escalada de precios.

¿PUEDE CREARSE UN "BANCO MALO" DE CLIENTES?

Las dos principales medidas en estudio son la aprobación de préstamos con respaldo público para las eléctricas que asuman clientes no rentables, o bien la creación de un "banco malo" para absorber las carteras de consumidores que dejen las firmas quebradas, una estructura similar a las que se crearon durante la crisis financiera de 2008.

También se ha planteado que el Ofgem asuma la administración de las firmas insolventes, lo que en la práctica equivaldría a su nacionalización.

El Ejecutivo y los representantes de la industria han mantenido diversas reuniones en los últimos días, si bien todavía no se ha hecho pública una hoja de ruta concreta.

¿CÓMO AFECTA LA CRISIS A LOS CONSUMIDORES?

El regulador de la energía subraya que los consumidores continuarán recibiendo suministros de gas y electricidad sin interrupciones aunque su compañía deje de operar. El Ofgem trasladará sus contratos a un nuevo proveedor de manera automática, si bien las gestiones del trámite pueden demorarse varias semanas.

Cerca de 15 millones de hogares en el Reino Unido se acogen a la tarifa energética estándar o a contratos de prepago, fórmulas en las que rige el techo máximo de precios establecido por la administración pública.