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16 de marzo de 2015

El Vocero

El fraude se ha convertido es un negocio rentable para el perpetrador y devastador para las empresas, las cuales en gran parte no logran recuperar la pérdida, pero ganan publicidad negativa y en el peor de los casos algunas hasta tienen que cerrar puertas debido a la magnitud del delito.

Ante el alto costo que conlleva probar los casos, la mayoría de las empresas optan por no denunciar el delito en los foros pertinentes. A esto se añade el temor a que se ponga en entredicho la reputación y pérdida de confianza en la compañía afectada, lo cual da paso a acuerdos privados que no tienen repercusiones legales para los perpetradores del delito.

 

Según estudios y estimados de conocedores del tema, alrededor del 58.4% de los casos de fraude contra empresas, estas no recuperan la pérdida.

El abogado licenciado, Milton Méndez Falcón, quien es perito en casos de fraude, dijo que se trata de una situación compleja, incluso para los tribunales y esto hace que sea más cuesta arriba los procesos.

Si una persona es encontrada culpable debe cumplir alrededor de 8 años de cárcel, pena que puede reducirse según el manejo de la defensa y la fiscalía.

Aunque procede la incautación de bienes y propiedades tras una determinación de culpabilidad y se establece la relación de adquisiciones con el dinero fraudulento, Méndez dijo que la realidad es que gran parte del dinero es sacado de la Isla a bancos extranjeros en Las Bahamas, Islas Caimán, Tortola y Panamá, entre otros destinos.

“Muchas de estas islas y países poseen un sistema bancario que le interesa obtener esos ingresos sin cuestionar el origen de los mismos, lo que les facilita el trabajo. El criminal de cuello blanco no es defendido por un abogado de asistencia legal sino por un perito en el campo, el cual se enfrenta a un sistema de justicia que tiene dificultad entendiendo toda la cadena de hechos, ya que se requiere pericia y entendimiento para juzgar los hechos. Se trata de casos complejos donde el sistema no está preparado para trabajar con ellos, no empece el efecto devastador que posee. Esta práctica reduce  los márgenes de ganancia y ante una economía tan retante puede representar cierre o pérdidas de empleos para algunas empresas”, opinó Méndez.

 

El más reciente estudio de la Asociación de Examinadores de Fraude, “Report to the nations on occupational fraud and abuse” revela que el costo del fraude, que a nivel global alcanza los $3.7 trillones, es equivalente a un témpano de hielo financiero donde algunas de las pérdidas directas son claramente visibles, pero hay una enorme masa de daños ocultos que pueden destruir la empresa.

En organizaciones grandes solo entre un 9.8% y 16.5% del fraude lo detectan auditores internos. En los pequeños ese descubrimiento es ínfimo ya que carecen de departamentos de auditorías. La mayor incidencia se refiere a casos de apropiación indebida de activos, corrupción y fraude en los estados financieros.

Según el estudio, los fraudes suelen ser realizados en un 42% por un empleado, 36.2% por el gerente y en 18.6% un dueño o ejecutivo. Sin embargo, mientras más alto es el puesto más grande es la pérdida. Se estima que la pérdida en el área de empleado promedia unos $75,000, cuando es un gerente llega a unos $130,000 y si son ejecutivos resulta de $500,000 hacia arriba.

Asimismo, mientras más alta la posición del que comete el delito en al empresa, más tiempo toma descubrirlo. En un empleado regular toma 12 meses, un gerente 18 meses, y un dueño o ejecutivo 24 meses. Es así, ya que a medida que la persona está en un cargo más alto, suele contar con mayor preparación académica y utiliza maneras más sofisticadas para delinquir.

 

El estudio citado menciona que el perpetrador generalmente es una persona altamente educada, en su mayoría con un grado universitario o post universitario.

La edad promedio del perpetrador está entre los 31 y 45 años, y a mayor edad, mayor suelen ser las pérdidas. Regularmente es un hombre en un 66.8% de los cosas, contra un 33.2% de féminas, puesto que los puestos de mayor autoridad están ocupados por hombres. Los fraudes por hombres representan más perdidas, promedian los $185,000 y el promedio cuando son mujeres es $83,000.

El estudio indica que el perpetrador no comete el fraude de inmediato, regularmente laboran para la empresa entre uno a cinco años antes de cometer el delito.  Mientras más tiempo lleve laborando para el empresa,  más alta es la pérdida económica.

Las áreas más vulnerables para dicha práctica son contabilidad, operaciones, ventas y alta gerencia.  Muy pocos, apenas un 8% de los perpetradores tienen una convicción previa. Entyre las “razones” para cometer el delito, en un 43% es porque quieren vivir más allá de sus medios. A ello suman otros causales como dificultades financieras y tener una relación cerrada con el vendedor, cliente o suplidor.

Contrario a lo que se pueda pensar, una de las banderas para identificar a estos empleados incluye el excesivo ausentismo o tardanza, pobre desempeño, o exceso de horas extras.

 

Los contadores públicos autorizados, Eduardo González-Green e Iris Nogueras explicaron que el fraude también puede ser muy común en compañías pequeñas primeramente por la percepción equivocada de que el fraude no ocurre y si ocurre, no debe ser significativo.

De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación del Colegio CPA en el 2006, resultó que las empresas pequeñas informaban pérdidas porcentuales mayores que las empresas grandes, resultado muy similar a los del estudio Report to the Nations, donde la pérdida media de las compañías pequeñas (menos de 100 empleados) eran $154,000 mientras que las grandes (10,000 empleados o más) informaron pérdidas de $160,000.

Para González y Nogueras las razones para lo anterior son variadas. Muchas de las compañías pequeñas no tienen suficientes empleados para poder segregar sus tareas y departamentos, por ende un mismo empleado tiene más de una función, así como acceso y manejo de información privilegiada.

“En situaciones como estas, es cuando la compañía debería revisar cuales serían los controles apropiados que podría implantar de acuerdo a la estructura en que opera.  Se trata de mitigar ese riesgo de falta de segregación de funciones. La segregación de funciones es un aspecto muy importante en los controles internos.  Siempre que sea posible se debe segregar quien autoriza las transacciones, quien registra las transacciones, quien reconcilia registros, y quien tiene la custodia de los activos. Debemos tener en mente que el fraude puede estar presente y no discrimina con el tamaño de la empresa ni la industria.  No hacer nada, no es la solución. Debemos ser proactivos e invertir en prevención de fraude”, afirmó González.