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  Por el libro
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30 de septiembre de 2015

El Vocero

El más reciente estudio sobre la industria de Telecomunicaciones, realizado por la firma Inteligencia Económica, Inc., a solicitud de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT), reveló que por mínima que sea la participación PREPAnet en el mercado, representará pérdidas significativas en empleos, nómina, producción y empresas.

Acorde con el estudio, de PREPAnet tener un 10% del mercado, la industria tendría una contracción de $945 millones en producción, y una pérdida de 1,597 empleos con una nómica de $43 millones. Si acapara un 30%, entonces se perderían $2,835 millones en producción, habría 4,791 empleos menos con una nómina de $129 millones. De llegar al 50%, la industria perdería $4,913 millones en producción, unos 8,302 empleos menos y $223.7 millones en nómina.

“Estos datos de contracción debido a la entrada de PREPAnet no solo son directos a los establecimientos que se encuentran en la industria. Esta contracción es en general en la cadena, desde suplidores, en adelante. Desde la perspectiva de nuestro análisis, debido a la trayectoria reciente de la AEE, una posible incursión en el mercado privado de las telecomunicaciones pudiera ser perjudicial para la economía, para la propia industria, para el propio gobierno y para los consumidores. Mediante el ajuste de combustible en la fórmula de la AEE, los consumidores podrán ver un aumento en la tarifa de energía para subsidiar el costo de PREPAnet”, sostuvo el economista a cargo del estudio Gustavo Vélez.

 

 

Aunque durante la presentación no quedó del todo claro la facturación gubernamental en las telecomunicaciones, se mencionó que sin incluir los municipios, supone unos $200 millones, habiendo empresas como Claro con un 10% de esa participación y WorldNet con un 15%, entre otras. El problema se agudiza, ya que según los representantes privados de la industria, la incursión de PREPAnet no se limita al gobierno, sino que ya han comenzado a incursionar en los clientes comerciales y residenciales, habiendo varios de ellos perdido ya alguno de sus clientes.

El presidente de la Alianza, Pedro Andrés, de la empresa Neptuno, aclaró que el sector privado no se opone a la competencia justa, pero sí a enfrentarse contra una empresa que no paga impuestos, ni patentes, entre otras cargas económicas, lo que les permite ofrecer el servicio sobre un 40% más económico. En el caso de las empresas de telecomunicaciones privadas que integran la industria,  entre el 2006 y el 2013, han aportado a la economía del país $480 millones en impuestos corporativos y $523 millones en impuestos municipales.

De acuerdo a los hallazgos el empleo directo que genera la industria privada de telecomunicaciones ascendió a 7,988 empleados en el 2013 y un salario promedio de $39,013.00 anual.  Esta cifra es mucho más alta del salario promedio de Puerto Rico, que es $25,275.00. Entre el 2006 y el 2013, las empresas que integran la industria han invertido un total de $3,980 millones equivalente a una inversión promedio anual de $498 millones.

 

 

Vélez destacó que los indicadores financieros de la AEE evidencian que el monopolio de energía público que hoy pretende incursionar en el mercado privado que está bien servido por las empresas privadas, se encontraba al borde de la insolvencia. Sostuvo, que al analizar los indicadores financieros de la AEE se evidenció que el monopolio de energía público, se encontraba al borde la insolvencia. Entre el 2007 el y 2013, los activos netos se han reducido en 23%, para ese mismo período, y los pasivos habían aumentado en 41%.  Meses después de culminar el estudio, la AEE declaró que no estaba en posición de poder honrar el pago de su deuda que asciende a cerca de $10,000 millones.

Para el pequeño empresario, Felipe Hernández, presidente de VPNet, el efecto entiende será mayor, ya que su base de clientes es más pequeña y la pérdida de un cliente les genera un impacto significativo en sus finanzas.  La sutil incursión de PREPAnet al mercado, ya le representó la pérdida de su segundo cliente más grande.

Por su parte, Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Claro, entiende que el gobierno tiene que repensar esta estrategia, ya que desconoce de donde saldrán los fondos necesarios para la inversión que requiere la empresa y analizar en efecto que pudiese haber tenido durante su incursión en el mercado, para ver su efectividad y viabilidad económica.

Todos los representantes de la industria coinciden en que la agencia gubernamental resulta más favorecida si les arrenda la fibra óptica a las empresas privadas y no atenta contra ellas.