4 de enero de 2019
El Vocero
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley dos proyectos que reconocen derechos adicionales a los consumidores.
En primer lugar, el primer ejecutivo firmó el Proyecto de la Cámara 1723 de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez que brinda a los consumidores herramientas para que el proceso de cobro de multas de Autoexpreso sea justo y balanceado.
La medida establece un procedimiento especial para la revisión de multas por Autoexpreso que será más efectivo, rápido y eficiente.
La nueva ley dispone que, si no se atiende en 60 días una solicitud de un conductor para la revisión de una multa por infracción de Autoexpreso, la misma queda eliminada.
Además, la medida reconoce el derecho de los conductores a tener la evidencia que sustenta la alegada multa notificada para poder cuestionarla en el proceso de revisión.
“El sistema de Autoexpreso se implementó en pasadas administraciones sin pensar en los conductores ni en su eficiencia. Por ello hemos tomado pasos dirigidos a corregir esas deficiencias y para proteger a nuestros usuarios. Este proceso más transparente y justo en el cobro de multas resultará beneficioso para los conductores que objetan las multas incorrectamente impuestas”, destacó Rosselló Nevares.
El primer ejecutivo anteriormente ordenó la cancelación de las multas de Autoexpreso luego del huracán María y otorgadas con parámetros poco confiables. Además, firmó la Ley 220-2018 que reduce de $50 a $15 las multas administrativas por infracción de los peajes y ordenó la cancelación del contrato con la compañía GILA cuyo sistema tenía un sinnúmero de fallas.
El representante Jorge Navarro Suárez se mostró complacido con la firma del proyecto al destacar que “siempre he sido un defensor de las injusticias a los ciudadanos. El proceso actual de revisión de multas es sumamente oneroso. Con esta ley, logramos poner en vigor un procedimiento ágil y justo para objetar estas multas”.
De igual forma, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 869 de la autoría del senador Carmelo Ríos Santiago y que propone un proceso obligatorio de mediación previo a la ejecución de una hipoteca inversa (reverse mortgage).
La firma de este proyecto se une a iniciativas tales como el programa de voluntariado a las Personas de Edad Avanzada creado por la Ley 12-2017 y la Ley 58-2018 que creó diversos programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de nuestros adultos mayores.
El portavoz de la mayoría en el Senado indicó que “ante la cantidad de hipotecas que se estaban ejecutando, fui el autor de la Ley 184-2012 para promover la mediación en ejecuciones de hipotecas de una vivienda principal. En esta ocasión, extendemos este beneficio a aquellas hipotecas inversas, que son ampliamente usadas por nuestros adultos mayores”.
Ríos Santiago añadió que “de esta manera, existirán oportunidades adicionales antes de perder la propiedad por la cual trabajaron una vida. Agradezco al gobernador por haber firmado la medida”.
El primer mandatario concluyó al indicar que “la mayoría de las personas que se acogen a hipotecas inversas son adultos mayores. Mi administración tiene una gran responsabilidad y un fiel compromiso de continuar brindando oportunidades que ofrezcan una mejor calidad de vida para estas personas que tanto aportan a nuestra sociedad”.
