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  Por el libro
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27 de noviembre de 2017

Noticel

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) retomó el proceso de evaluación de propuestas para privatizar el cobro de millones de dólares en cuentas morosas de contribuciones a la propiedad, así como la retasación e identificación de propiedades muebles e inmuebles que no cumplan con su responsabilidad contributiva.

La pasada semana la Junta de Directores del CRIM se reunió por primera luego del paso del huracán María y se discutió el proceso que había quedado pendiente previo al ciclón, por lo que se espera se tome una decisión en las próximas semanas, supo NotiCel.

“Se le sigue dando curso. Nosotros habíamos designado un comité evaluador de las distintas propuestas. El comité continuó trabajando. Se interrumpió por lo de la tormenta pero hace varias semanas ya se van reuniendo, por lo que esperamos a finales de esta semana recibir el informe final del comité”, confirmó a NotiCel el presidente de la Junta de Directores del CRIM y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo.

El Presidente del CRIM dijo que durante el cónclave se determinó otorgar un plazo al comité para que someta el informe final de la evaluación de todas las propuestas recibidas y en una o dos semanas se estaría tomando la decisión. Para ello, sostuvo, se convocará a una reunión extraordinaria de la Junta de Directores del organismo municipal.

“Basado en eso, haremos la determinación correspondiente. En la pasada reunión a propuesta de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que es miembro de la Junta, se decidió que tan pronto recibamos el informe final de recomendaciones este servidor convocará a una reunión extraordinaria para recibir el informe y a partir de ahí discutirlo”, explicó Carrasquillo.

Treinta firmas sometieron el 31 de julio propuestas en respuesta a un aviso público del CRIM con el propósito de ser consideradas para ofrecer los servicios de cobrar, identificar y tasar propiedad inmueble y mueble. De estas, una está relacionada a un acusado federal en el caso de fraude al CRIM en el 2000, y al menos dos están vinculadas con grupos de bonistas del gobierno.

La contratación de empresas capacitadas para identificar propiedades que están pagando menos contribuciones; que no pagan por no estar registradas o que gozan de exenciones que no corresponden, figuran entre los proyectos del CRIM para cumplir con la Junta de Control Fiscal (JCF), que exige se privaticen los gravámenes de impuesto sobre la propiedad y se diseñe un nuevo régimen tributario sobre la misma para aumentar los recaudos municipales.

"Hay que hacer un esfuerzo para identificar esos contribuyentes para que cumplan con su responsabilidad y creemos que se puede lograr junto con el sector privado", había explicado entonces a NotiCel el presidente Carrasquillo.

La intención del CRIM es aumentar los recaudos ampliando la base de contribuyentes que por años han estado fuera del radar al ser propietarios de unidades que no figuran en el registro o que gozan de exención contributiva, aunque las propiedades están alquiladas o se han transformado para uso comercial.

Además, se contratarán compañías para aumentar el por ciento de cobro de las facturas que regularmente envía el CRIM, ya que cerca del 30% no paga o paga tarde. Según este, no basta con enviar una factura por lo que se espera contratar recursos internos o externos para dar seguimiento y otros esfuerzos que agilice el cobro de ese dinero.

El periodo para someter propuestas finalizó el pasado 31 de julio, por lo que ahora la agencia evaluará las propuestas sometidas por las compañías para determinar a cuáles contratará para cobrar, identificar y tasar propiedad inmueble y mueble que al momento no cumplen con el pago de sus contribuciones sobre la propiedad.

Entre las compañías que entregaron propuestas al CRIM  se encuentra Tower Capital Management, que entre sus socios en Puerto Rico figura Luis "El Indio" Vázquez Velázquez, a través de Puerto Rico Appraisals LLC. Aunque "El Indio" Vázquez fue uno de 18 acusados en el sonado caso de fraude al CRIM ocurrido en el 2000, su acusación fue desestimada con perjuicio por parte de la fiscalía.

El esquema del CRIM involucró a dos exalcaldes, empleados y a suplidores de tecnología que conspiraron para defraudar al Centro en el contrato de $56 millones para la digitalización del catastro. En el pliego acusatorio el gran jurado federal se imputaron cargos de conspiración, extorsión, interferencia con el comercio interestatal, lavado de dinero y perjurio. El contador público autorizado también es socio de Primary Consulting Group, y a petición de Fiscalía federal el hoy fenecido juez Salvador Casellas, desestimó su cargo por perjuicio. 

La empresa matriz, Tower Capital Management tiene como socio financiero a Fortress Investment Group, firma que en el 2014 compró $7.5 millones en bonos del gobierno de Puerto Rico. Otra empresa que también aparece licitando es Ducera Partners LLC, firma radicada en Nueva York que participó en la negociación de reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) como asesor legal del Grupo AdHoc de bonistas del gobierno. 

El exsecretario del Partido Nuevo Progresista (PNP) y expresidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Vargas, también figura entre los licitadores en representación de HUB Group, L.L.C., que, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, es una compañía establecida en Aguadilla desde octubre de 2016, constató NotiCel.

Otro que sometió propuestas es el CPA Alcides López Miranda, de Municipal Consultants Group, una empresa que ha mantenido cerca de $19 millones en contratos con agencias y municipios y que fue objeto de una resolución senatorial de investigación por alegado conflicto ético y de intereses en los servicios de consultoría y auditoría que ofrecía al municipio de Ponce junto a su socio y compañero de oficina López Vega, CPA.

Aparece licitando Integra International Services, empresa que según el portal opera en El Salvador y se especializa en integración de tecnología de información para optimizar procesos de recaudos tributarios. Carlos Pérez de PGC Appraaisal Group, firma con sede en Caguas; Roberto Biaggi de Puerto Rico Consumer Debt Management; Lcdo. Luis Benjamín Méndez de Inspection In Action, Inc.; Juan R. Medina de la firma de tasadores Avaluo Advisors LLC e Ivette Rodríguez de Property Specs Puerto Rico, entre otros.