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  Por el libro
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9 de enero de 2018

Noticel

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés anunció el lunes, la presentación de cinco planes de reorganización cobijados bajo la Ley del Nuevo Gobierno.

“Los planes impactan sobre 25 agencias y programas de la Rama de Ejecutiva”, dijo Rosario Cortés en conferencia de prensa.

El primer plan permitirá la creación de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, que unirá la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones; la Comisión de Servicio Público; la Comisión de Energía; la Administración de Energía y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (anteriormente DACO).

En esta junta habrá tres comisiones de telecomunicaciones, transporte y energía que serán dirigidas por un comisionado.

De otra parte, en el Departamento del Trabajo se creará una Secretaría Auxiliar de Relaciones Laborales, que atenderá los casos de la Comisión Apelativa del Servicio Público, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación.

En lo que tiene que ver con el Consejo de Educación Superior, el mismo se elimina y las funciones pasarán al Departamento de Educación.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) consolidará la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Oficina Estatal de Política Pública Energética, la Corporación del Centro Regional, la Corporación de Centro Regional y la Oficina de Gerencia de Permisos, quien a su vez asumirá las funciones de emitir permisos de la Autoridad para la Conservación y el Desarrollo de Culebra.

Del mismo modo, se incluirán eventualmente la Compañía de Comercio y Exportación y la Compañía de Turismo. Se juntará además el Instituto de Estadísticas, con el fin de que al final se convierta en una entidad privada.

Otro de los cambios tiene que ver con el Bosque Modelo, que agilizará la creación del Fideicomiso de manera que el Departamento de Recursos Naturales se encargue de la fiscalización del proyecto.

El estatuto aprobado establece que los planes se presentan a la Asamblea Legislativa, que en un término de 30 días aprueba o rechaza los mismos.