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  Por el libro
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11 de septiembre de 2018

Noticel

A menos de un mes de presentada mediante una demanda en el Tribunal Federal, la pugna por el control de la venta legal de armas de fuego marca Glock entre el comandante auxiliar de la Policía, Luis Bonnet Vázquez y la hermana de la jefa de la fiscalía federal, Mirtza Rodríguez Vélez, terminó con una transacción entre las partes.

Pero antes de eso, el también instructor de armas de la Policía, Bonnet Vázquez, imputó a Rodríguez Vélez que su compañía, A.E. Rodríguez, Inc., vendió armas a agencias de ley y orden municipales con precios inflados.

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Hace una semana, NotiCel reseñó en exclusiva cómo la venta de armas a las agencias de ley y orden estatal y municipal de Puerto Rico se disputaba entre dos bandos, la empresa A.E. Rodríguez, encabezada por la hermana de la jefa de fiscales federales, y AmChar Caribe, quien tiene como representante en la Isla al instructor de tiro de la Policía, lo cual, en cualquiera de los dos casos, levanta sospechas sobre los accesos privilegiados en los que está montado ese negocio público en Puerto Rico.

En su demanda, Rodríguez Vélez se había ufanado de que, entre 2009 a 2014, su empresa creció el mercado de Glock de $50,000 en 2009 a $1,032,207 en 2014. La mujer reclamaba a Glock reestablecer el acuerdo de distribución exclusiva que tenían con su empresa y restitución de $5 millones por distintos conceptos de daños económicos.

Pero, apenas en la primera vista, llevada a cabo el viernes pasado, el juez federal Daniel Domínguez instó a las partes a llegar a un acuerdo, lo cual ocurrió, poniendo fin al pleito sobre quién representa en Puerto Rico la marca de armas Glock antes de que la controversia llegue a la etapa de descubrimiento de prueba y de juicio.

Sin embargo, antes de esa vista, Glock había sometido una serie de documentos en el caso que incluyen una declaración jurada de Bonnet Vázquez en el cual éste hace la imputación de que Rodríguez Vélez hizo ventas a sobreprecio en contratos con policías municipales.

"Por ejemplo, el precio recomendado por Glock para sus distribuidores vender pistolas Glock a agencias de ley y orden era $358 para miras de plásticos, $383 para miras de metal y $409 para miras nocturnas. Rodríguez había vendido pistolas con miras de plástico al precio extremadamente inflado de $644, $286 más que el precio recomendado", dijo Bonnet Vázquez bajo juramento.

Bajo las leyes penales federales sobre comercio interestatal y transacciones financieras electrónicas, la fiscalía federal que dirige Rosa Emilia Rodríguez Vélez tendría jurisdicción sobre esta imputación que se hace bajo juramento a su hermana.

El negocio en Puerto Rico de armas de fuego para agencias de ley y orden es considerable, con la Policía de Puerto Rico siendo la segunda agencia policial de todo Estados Unidos con más efectivos. La declaración sometida en el caso indica que la Policía tiene más de 12,500 efectivos a los cuales entrega un arma de fuego oficial y, en total, maneja más de 35,000 armas de fuego, entre pistolas y armas largas.

Rodríguez Vélez, en los documentos de la demanda, había imputado a su competidor, Bonnet Vázquez, conflicto de interés en el negocio de la venta de armas a la Policía mediante su posición como comandante auxiliar e instructor de tiro. De hecho, la mayoría de las agencias que emiten armas de fuego para sus empleados, como los departamentos de Hacienda y de Recursos Naturales, usan a los instructores de tiro de la Policía.

Pero una indagación de NotiCel encontró que la ley orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG)no aplica a los policías que trabajan voluntariamente en la Uniformada por lo que pudiera dejar el campo libre para que puedan ejercer como “agentes de orden público” al tiempo que laboran con empresas que licitan con la Policía de Puerto Rico.

Bonnet, un comandante auxiliar que hace 19 años trabaja voluntariamente como instructor de tiro en la Uniformada aceptó que también trabaja para la empresa matriz que desplazó a la armería de Rodríguez Vélez, pero rechazó que haya intervenido o influenciado en esa decisión.

De acuerdo con Jennifer Rodríguez Ayala, portavoz de la OEG, esa dependencia no tiene jurisdicción sobre los llamados “policías auxiliares” ya que no son considerados servidores públicos por no ser empleados del gobierno.  

“Los policías auxiliares no son servidores públicos, por lo que no están sujetos a la jurisdicción de la Ley Orgánica de la (OEG).  Quien tiene la jurisdicción primaria sobre ellos es la Policía de Puerto Rico. En cualquier asunto de posible conflicto de interés o de apariencia de conflicto, es la Policía de Puerto Rico quien tiene que atenderla”, dijo la portavoz de la OEG.

El reglamento de los policías auxiliares dispone que los servicios a prestarse no serán conflictivos con las funciones que ejercen en la práctica privada y serán a fines con las leyes y normas establecidas.

Al cierre de esta edición, Karixia Ortiz, portavoz del Departamento de Seguridad Pública no había contestado a este diario una petición hecha desde el pasado lunes para aclarar las imputaciones consignadas en la demanda civil.  

Por su parte, Bonnet Vázquez cuestionó que la armería lo mencione en la demanda. Insistió su posición como comandante auxiliar no le da poder alguno para tomar decisiones en la Uniformada y rechazó las imputaciones hechas en la misma. 

“Yo desconozco de qué subasta ellos están hablando”, aseguró en entrevista con NotiCel. Sin embargo, en su declaración jurada parece tener más claro a qué se refería A.E. Rodríguez en su demanda ya que afirma que hay un negocio inminente para que la Policía intercambie 14,000 armas de fuego y que "yo he estado acordando este negocio por mucho tiempo y la conducta de Rodríguez puede ponerlo en riesgo". Esto, en referencia al pleito presentado por A.E. Rodríguez.

Bonnet pertenece al Programa de Policías Auxiliares mediante el cual presta cerca de 200 horas anuales de trabajo voluntario como instructor de tiro en capacitación para policías regulares y otros instructores.

“La premisa está partiendo de información errada. Mi relación con la Policía de Puerto Rico es una voluntaria, sin ningún tipo de remuneración económica por los pasados 19 años ininterrumpidos. Yo no tengo que ver nada con ninguna toma de posición de la Policía. Soy un mero voluntario”, dijo en entrevista con este diario digital.

El Programa, según dispone el Artículo 2.18 de la Ley del Departamento de Seguridad Pública, dispone que el policía auxiliar tendrá responsabilidades similares a un agente del Negociado, cumplir con los requisitos establecidos por reglamento y estarán incluidos en el concepto de “Agentes de Orden Público” mientras se encuentren en el desempeño de sus deberes extendiéndoles el beneficio de compensaciones por accidentes en el trabajo.