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Noticel

María Cotto / Para NotiCel

16/06/2017 03:55 am

A medida que se van cerrando las entradas monetarias de los municipios, el recogido de desperdicios y residuos sólidos se irá convirtiendo cada vez más en un nuevo dolor de cabeza para los constituyentes.

La gradual privatización del recogido de basura ha ido en aumento en los últimos años y el próximo peldaño que tendrán que enfrentar los ciudadanos será el cobro por este servicio esencial.

El presidente de la Federación de Alcaldes y primer ejecutivo de Arecibo, Carlos Molina Rodríguez, expresó que pronto los municipios no podrán correr con los costos que al momento se ofrecen gratuitamente a la ciudadanía.

“Es uno de los mayores costos que tienen los municipios. Hay una reducción de casi $350 millones para los municipios y no podemos pagar el servicio. Todos van a tener que hacer ajustes y siendo esa la mayor carga para los municipios, todas las personas que generan basura van a tener que pagar por que le recojan la basura en su hogar”, manifestó. 

NotiCel intentó obtener expresiones de algún portavoz de la Asociación de Alcaldes, pero al momento todas las gestiones resultaron infructuosas.

La forma de cobro del servicio ha generado controversia y al momento no existe una forma uniforme a nivel Isla. Arecibo, adelantó Molina, realizará un censo a partir de este mes para luego facturar o gravar las propiedades en su municipio. En Cabo Rojo se estará recogiendo solamente basura empacada en bolsas las cuales estarán a la venta. 

Por su parte, los legisladores Luis “Narmito” Ortiz Lugo y Ramón L. Rodríguez Ruiz presentaron el pasado mes el proyecto 937 en la Cámara de Representantes a los fines que cada municipio escoja entre la Autoridad de Acueductos o la Autoridad de Energía Eléctrica como su ente cobrador de un cargo por el recogido de basura a los abonados.

De una búsqueda en el portal de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, se desprende que desde enero de 2016 al presente se han otorgado o modificado unos 1,333 contratos sobre desperdicios sólidos y reciclaje de diversos tipos que suman unos $130 millones. 

De estos, las compañías a las cuales se otorgan el mayor número de contratos de envergadura son: Consolidated Waste, también conocida por Con Waste, EC Waste y Landfill Technologies of Guaynabo.

Desde julio de 2016 al presente entre los municipios claramente impera Consolidated Waste. La empresa lleva la delantera contratando con 26 de los 78 municipios además de otras entidades gubernamentales.

Unos 76 contratos de la empresa en ese periodo totalizan aproximadamente $30.025 millones. Por otro lado, EC Waste solo ha contratado con los municipios de Maunabo y San Juan en ese mismo periodo: dos contratos de un año que totalizan unos $118 mil en servicios provistos a Maunabo y $4 millones en un contrato con el municipio de San Juan.

Tanto Con Waste como EC Waste consistentemente han provisto los servicios a distintas entidades del gobierno. Recientemente, ambas compañías protagonizaron una pugna por el contrato de servicio de recogido en la ciudad de Mayagüez.

Bajo la herramienta de consulta de casos en el sitio web de la Rama Judicial surgen casos civiles en cobro de dinero e incumplimiento de contrato que involucran a los municipios de Ceiba, Patillas, Juana Díaz, Arecibo, Humacao y Salinas desde el 2013 al presente.

El oficial de prensa de EC Waste, Ricardo Soto, indicó a NotiCel que la compañía no estaría haciendo expresiones sobre sus clientes.

El agosto de las compañías privadas es uno reciente, pues no consta en la Oficina de la Contralora que hubiera tal cantidad de contratos previo al año fiscal 2012-2013. El aumento en las contrataciones coincide con la discusión en la Asamblea Legislativa de la posible disolución de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, la cual finalmente no fue avalada por el Senado en 2014.

Carlos Contreras, presidente de ConWaste, dijo que “la ciudadanía se ha dado cuenta de su responsabilidad y de que esto trasciende el asunto municipal porque el recogido de los desperdicios sólidos es un servicio esencial. Aún con la crisis fiscal que enfrentan la mayoría de los municipios, la ciudadanía no puede quedarse sin el recogido de la basura”.

El ejecutivo reconoció que la mayoría de los municipios del país no cuenta con los fondos necesarios para pagar por el manejo de los desperdicios sólidos debido a los recortes presupuestarios por la crisis económica.  

Sin embargo, la responsabilidad de los municipios de recoger y disponer de la basura fue una, si no la más importante, de las razones por la que se instauró el 1.5% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) municipal. Cuando se implementó el IVU en el 2006, la partida de esos recaudos para los municipios iba destinada a los gastos por disposición y recogido de basura de los 78 ayuntamientos.

Una década después, Arecibo y Cabo Rojo aprobaron una vez más cobrar por el servicio que ya pagan sus constituyentes con el "chavito" municipal, lo que podría representar un doble tributo. Y ConWaste adelantó que otros 12 municipios, entre ellos Isabela y San Germán, han solicitado a esa empresa la implementación del programa de recogido y disposición de desperdicios sólidos Iniciativa Naranja (IN), en el cual la ciudadanía tendrá que pagar por el recogido de lo que desecha.