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  Por el libro
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29 de agosto de 2018

Noticel

Los investigadores de la Universidad George Washington, encargados por el Gobierno de Puerto Rico para estimar las muertes relacionadas al paso del huracán María, hallaron que cuando el Departamento de Seguridad Pública (DSP) absorbió las agencias relacionadas a manejo de emergencias ninguno de sus planes individuales para responder a catástrofes fue actualizado dejando la puerta abierta a planes inoperables y desconectados entre sí, agravando la falta de claridad sobre la crisis que dejó el fenómeno atmosférico.

De hecho, funcionarios entrevistados por los investigadores no mencionaron un solo plan escrito para la vigilancia de la mortalidad en situaciones de emergencia, que especificaría las responsabilidades por agencia, los protocolos de coordinación y cómo informar las muertes relacionadas al huracán que dejó inoperante al Gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y a Puerto Rico a oscuras el pasado 20 de septiembre. 

Tampoco lograron identificar protocolos para coordinar y comunicar las muertes entre el DSP y Salud. Hasta abril de 2018, ambos continuaban sin clarificar a qué Departamento le corresponde informar los decesos. 

Asimismo, los funcionarios apuntaron que ni el DSP ni la Oficina Central de Comunicaciones del Gobernador tenían un plan para manejar las comunicaciones durante emergencias. Incluso, personal de comunicaciones entrevistado describió las deficiencias de coordinación entre los encargados de prensa del Gobierno con el Centro para Control de Enfermedades y Desastres (CDC por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) quienes estaban en el Centro de Emergencias del Gobierno (COE). 

“La designación de personal de comunicaciones fue desequilibrada, con más personal dedicado a las relaciones con la prensa y personal inadecuado dedicado a otras áreas importantes de las comunicaciones, incluida la comunicación de riesgos de crisis y emergencias. Esto es evidente en la estructura de personal en todas las agencias: es común que haya uno o pocos miembros del personal de comunicaciones por agencia, con personal con experiencia y funciones principales en las relaciones con la prensa”, notaron los investigadores de George Washington.

Pese a que tanto personal oficial coincidió a diario en el COE, fue evidente la falta general de coordinación para el intercambio de información para la conciencia situacional entre el Gobierno central y los municipios, principalmente debido a la pérdida de las telecomunicaciones y los planes de contingencia inadecuados. Según los encuestados de la Oficina Central de Comunicaciones, la Oficina de Asuntos Municipales de la Oficina del Gobernador interactúa con los municipios pero no para las funciones de comunicación de emergencia.  

A su vez, la Oficina de Preparación y Respuesta a Emergencias del Departamento de Salud tenía un plan sin actualizar, sumado a que los planes de las demás agencias no estaban diseñados para responder a huracanes por encima de la categoría 1 ni tampoco se procuró un acercamiento comunitario para el desarrollo de estos. 

Además, el Gobierno central no estaba preparado para usar otros canales de comunicación para situaciones de salud pública o mortalidad, lo que contribuyó al atraso o inconsistencia de información. Más aún, hubo lagunas en la información proporcionada por el Gobierno, incluyendo la limitada explicación del proceso de certificación de defunción, la distinción entre muertes directas e indirectas, o las explicaciones de los impedimentos para presentar oportunamente los informes de mortalidad.

Para noviembre de 2017 el secretario del DSP, Héctor Pesquera, dijo en conferencia que el Gobierno solo anunciaría las muertes certificadas por un médico como relacionadas a la catástrofe a la vez que los medios continuaban notificando sobre muertes indirectas por la falta de electricidad o falta de documentación sobre las mismas. 

“El Gobernador tuvo deferencias con el Secretario en numerosas ocasiones en vez de recurrir a un experto para encargarse de la vigilancia de mortalidad”, apuntó el informe. 

Más aún, una revisión de la cobertura de los medios y conferencias de prensa en el período posterior al huracán indicó que el Secretario proporcionó información contradictoria cuando afirmó que el Gobierno no estaría influenciado por supuestos pero luego ofreció estimaciones sobre aumentos promedio en las muertes diarias sin detallar la fuente o el cálculo de estas estadísticas o la justificación para usarlas. Esto probablemente se sumó a las dudas sobre la transparencia de la Administración Rosselló Nevares.

El Gobierno también falló en en monitorear los medios y redes sociales para contener la propagación de rumores y desinformación.