Inicio  





 Lo Más Visto
- América Móvil busca "revertir" la reforma en telecomunicaciones, acusan empresas
- LAS 20 MEJORES OFERTAS DE LAS TIENDAS ALIMENTOS PUBLICADAS EN PUERTO RICO
- Lo que debes saber de las tarjetas de débito prepagas
- Evalúan emendar Ley de Condominios
- Realizarán inspecciones en gasolineras




  Por el libro
Bookmark & Share

18 de abril de 2017

Noticel

Mientras las demandas por casos de ejecución de hipotecas siguen acumulándose en el Tribunal Federal, una demanda de clase contra una veintena de instituciones financieras busca atender de manera colectiva varias violaciones a leyes y regulaciones que rigen la industria de hipotecas y que resultaron en ejecuciones ilegales.

La extensa lista de demandados incluye tanto el gobierno y el Departamento de Agricultura federal, así como corporaciones externas como Freddie Mac, Fannie Mae, Wells Fargo, Rushmore Loan Management Services, Roosevelt Cayman Asset Company, James B. Nutter, Lakeview Loan Servicing, Lime Residential, Bayview Loan Servicing, RNPM LLC, TRM LLC, Lihman Re Limited e instituciones financieras locales como el Banco Popular, Scotiabank, Santander, Oriental, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras y Operating Partners.  

Los demandantes en este caso son personas que fueron sometidas a un proceso ilegal de ejecución a pesar de haber iniciado el trámite de mitigación de pérdida para modificar los términos de su hipoteca. Según el documento, se trata de individuos que sufren los embates de la crisis económica al perder sus empleos o cualquier otra fuente primaria de ingresos que afectó su capacidad de pago.

Estos reclaman pago por concepto de restitución y daños sufridos ascendiente a $400 millones y una orden del juez declarando incumplimiento contractual contra las practicas que incurrieron los demandados.

Los hechos del pleito toman lugar después de la crisis en el mercado inmobiliario hace poco menos de 10 años. El gobierno federal estableció una serie de programas de apoyo a los tenedores de vivienda para proveerles una oportunidad de mantenerla de enfrentarse con una situación en la que no pueden cumplir con el pago de su hipoteca.

En particular, se trata del Home Affordable Modification Program (HAMP) y el Home Affordable Refinance Program (HARP). HAMP permite modificar una hipoteca a un nivel sostenible para aquellas personas que no pueden cumplir con el pago, mientras HARP refinancia los términos de la hipoteca en aquellos casos donde el valor de la propiedad es menor al de la hipoteca.

Según alegan los demandantes, las instituciones financieras incurrieron en violaciones contractuales al no permitirles ingresar en estos programas de asistencia financiera a pesar de haber entregado toda la documentación requerida para ello. Además, alegan que no se les honró el periodo de prueba de 90 días que provee HAMP para garantizar que se puede cumplir con los nuevos términos de la hipoteca. Durante este periodo también se suspende cualquier acción dirigida a ejecutar la propiedad

De mismo modo alegan que los bancos iniciaron un proceso de ejecución a la misma vez que entraron en el trámite de mitigación de pérdidas, una práctica ilegal denominada como “Dual Tracking”.

Por otra parte, los demandantes alegan violaciones al “Truth in Lending Act” (TILA), estatuto federal que obliga a instituciones financieras divulgar al consumidor de manera clara todos los términos y condiciones de sus servicios. Según la demanda, los bancos presentaron a los demandantes documentos poco específicos que no ilustraban claramente los términos de su hipoteca y las consecuencias de su incumplimiento de pago.

El pleito ocurre en el contexto de un incremento en casos de ejecución hipotecaria que han llegado hasta la corte federal en años recientes. A nivel estatal se aprobó legislación en el 2012 para obligar la realización de un proceso de mediación previo a la ejecución de una propiedad residencial en Puerto Rico. Sin embargo, el pleito también alega que los demandados no cumplieron con esta ley (184 del 2012) ni con la recién aprobada Ley 169 del 2016 que obliga a la institución financiera ofrecer primero un proceso de mitigación de pérdidas al deudor previo a una ejecución.

Según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hasta diciembre del 2016 la tasa de delincuencia hipotecaría era de 12.87%, con unas 17,263 propiedades bajo un proceso de ejecución.