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  Por el libro
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6 de febrero de 2018

Noticel

Los bancos comerciales generaron más de la mitad de las hipotecas, cuando usualmente es sólo de 2 a 3 de cada 10.

Con la complicación del panorama laboral después del huracán María, en el que se estima hubo una perdida de más de 30 mil empleos, viene la inevitable secuela en la forma de ejecuciones hipotecarias, que también ha experimentado drástico aumento para el 2017.

Y es que los estimados más recientes de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) apuntan a que la cantidad de propiedades residenciales reposeidas podría aumentar a 6,214 para el 2017. Para el año 2016, esa cifra era de 5,424 propiedades residenciales reposeidas.

Aunque la mayoría de las instituciones financieras anunciaron a los consumidores la dispensa de una moratoria de tres meses después del paso del huracán María, según el abogado de quiebras, Joseph Gierbolini, muchas de estas ofertas incluían letras chiquitas que variaban de institución a institución. Según explicó, el asunto yace en que las instituciones financieras no explicaron adecuadamente el alcance de la moratoria que proveyeron a sus clientes.

“Primer error de la moratoria, el público creerse que era automático, así que son miles y miles de familias las que dejaron de pagar su préstamo hipotecario en octubre a raíz de María que azotó a Puerto Rico en el 20 de septiembre. O sea que octubre, noviembre, diciembre, y enero no se pagó. Cuatro meses”, enfatizó Gierbolini a NotiCel.

La percepción publica fue a los efectos de que al final de esos cuatro meses se restablecía el curso normal de pagos hipotecarios, cuya fecha de cierre a su vez se extendería por el mismo tiempo. Según Gierbolini, en algunos casos eso ocurrió, pero en otros casos el banco exigió el pago total de los cuatro meses al vencer la moratoria.

“Completo, o sea cinco pagos de cantazo. La familia puertorriqueña a raíz de la crisis económica y empeorado con la crisis de María no pueden cumplir con hacer cinco pagos a la vez… a duras penas uno”, sostuvo el abogado.

Este desfase entre la moratoria que en un momento se promulgó y que después resultó ser distinto en parte se debe a la intervención de los inversionistas que retienen la cartera de préstamos a la que las instituciones financieras se dedican a servir. Es decir, el inversionista decide las guías sobre los términos de cobro de su inversión y el banco sigue esas guías como intermediario entre el dueño de la hipoteca y el consumidor que la paga.

El resultado de esta comunicación por intermediarios es lo que suele llevar a los inversionistas a litigar con todos sus préstamos en mora, mientras el consumidor intenta negociar con su banco para acogerse a un procedimiento de mitigación de pérdidas para reajustar sus pagos y cumplir con su hipoteca.

Precisamente esta práctica por parte de los inversionistas y las instituciones financieras (conocida como dual tracking) ha sido denunciada a nivel local por el Consumer Defense Alliance, una organización, de la cual Gierbolini forma parte, que mantiene demandas de clase a nivel federal contra estas instituciones por incurrir en estas prácticas ilegales.  

“El mero hecho de que el deudor no pueda pagar su hipoteca no le da derecho al banco a abusar, acosar e incumplir con la ley federal Dodd Frank que le obliga buscar todas las alternativas viables para que el deudor se quede viviendo en su residencia principal”, expreso el abogado.

Entretanto, desde la Legislatura el senador Carmelo Ríos Santiago también se ha comprometido con detener estas prácticas, promulgando el proceso de mediación como alternativa. Ríos Santiago fue autor de la ley 184 del 2012 que supone obligar a ambas partes a entrar en un proceso de mediación antes de comenzar un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Según Gierbolini, el resultado de esa ley ha sido que las instituciones financieras envían un empleado sin poder decisional a la mesa de mediación para reiterar el pago del préstamo en mora.

La semana pasada, Ríos Santiago retomó el asunto y radicó la Resolución Conjunta del Senado 199 que busca extender toda moratoria a las ejecuciones hipotecarias hasta el 20 de septiembre de este año, con una oportunidad de extensión hasta diciembre.

“Los dueños de propiedades hipotecadas tuvieron un respiro cuando el gobierno federal impuso una moratoria temporal de las ejecuciones, lo cual detuvo el que los bancos e inversores que compraron hipotecas en el mercado, a precios considerablemente bajos, desalojaran a los prestatarios morosos o comenzaran nuevas ejecuciones hipotecarias. Desafortunadamente, debido a que el periodo de tres meses de moratoria ya expiró, Puerto Rico está enfrentando una oleada de ejecuciones hipotecarias”, declaró el senador en un comunicado de prensa.

Para Gierbolini – quien ha colaborado con Ríos Santiago en estos asuntos en el pasado – la extensión a la moratoria resulta ser el único remedio viable, tanto para el consumidor como para el banco. No obstante, aunque uno de los argumentos esgrimidos en contra de extender la moratoria ha sido que sólo atrasaría el inicio de estos procedimientos de ejecución, Gierbolini defendió la extensión pues provee un tiempo razonable para que el consumidor pueda retomar sus ingresos perdidos.

“La moratoria que tiene la 199 para que la gente se quede en su hogar en el tiempo que están buscando recuperarse económicamente para poder pagar y no que el chicle se estire para que a la larga se la quiten como quiera. Al contrario, darle un tiempo de respiro para que se recuperen económicamente y pueda pagar”, sostuvo.